El siglo 21 caracterizado por la complejidad, el cambio de paradigmas económicos y científicos y la sociedad de riesgo global, ha traído nuevas consecuencias negativas para el ser humano y para los sistemas ecológicos, en el mundo y en Argentina. Las instituciones estatales se han mantenido prácticamente sin cambios desde su surgimiento y se encuentran distanciadas de la población. Nuestro Derecho, que se transforma con la reforma constitucional de 1994, da vida a la institución Defensor del Pueblo (Ombudsman) y reconoce los primeros derechos ambientales de la población. Esta tesis demuestra que ambas reformas pueden ser herramientas de la democracia capaces de equilibrar desajustes derivados del modo no sustentable de desarrollo. Se creó un área específica en la Defensoría del Pueblo de la Nación, para la defensa de los derechos ambientales, y se utilizaron las herramientas que hoy brinda el Nuevo Derecho Ambiental Argentino. Se promovió la articulación con universidades y organizaciones sociales de defensa ambiental, con base en la metodología de FLACAM. La acción ambiental realizada entre los años 2005-2012, en base al paradigma de la confianza mutua y sumando algunos elementos más (como la visibilización de los problemas) permitió lograr resultados/procesos interesantes que denominamos “Procesos socio-políticos de cambio ambiental”. Entre ellos los casos: Matanza-Riachuelo o Reconquista en el Área Metropolitana de Bs. As; Salí-Dulce en el Norte del país. El proyecto demuestra que un organismo estatal de defensa de los derechos humanos puede aportar a lo que Enrique Leff denomina racionalidad ambiental instrumental, proponiendo caminos sustentables que reflejen un nuevo conjunto de valores. Se concluye que el concepto de Ambiente y Sustentabilidad son esenciales para avanzar en el sentido adecuado, que el Defensor del Pueblo aporta sustentabilidad democrática, que el Derecho ambiental actual promueve la sustentabilidad y que la gestión ambiental pública debe enlazarse con las actividades económicas.